El PP lleva al Pleno el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo

El Partido Popular llevará al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena de este jueves una moción para exigir al Gobierno de España que reconozca como profesión de riesgo la que desempeñan la Policía Nacional y la Guardia Civil, los únicos cuerpos policiales de España que todavía no la tienen. Así lo ha anunciado la alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena, Noelia Arroyo, tras reunirse con representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en el solar de la antigua casa cuartel de la calle Ángel Bruna.

La moción plantea que el Pleno inste al Gobierno de España a modificar la Ley General de la Seguridad Social para reconocer la profesión de riesgo de policías nacionales y guardias civiles, y a aplicarles un coeficiente reductor de la edad de jubilación del 0,20 por cada año completo de servicio efectivo, con una edad mínima de 60 años, o de 59 para quienes acrediten 35 años de servicio. Además, exige tanto al actual Gobierno como al que salga de las urnas que lo apliquen sin más demora y con la financiación necesaria en los Presupuestos Generales del Estado. El texto incluye también el reconocimiento del Pleno a la labor de ambos cuerpos y el respaldo a la reivindicación de sus sindicatos y asociaciones, a los que se dará traslado del acuerdo junto al presidente del Gobierno, los ministerios de Interior, Seguridad Social y Hacienda y la Delegación del Gobierno.

"Sabemos que esta moción tiene un valor simbólico, porque la decisión está en manos del Gobierno de España. Pero es un deber moral de Cartagena con quienes nos defienden en situaciones tan difíciles como las que están viviendo", ha señalado Noelia Arroyo. "Ellos no piden privilegios: piden lo que ya tienen los demás. Y Cartagena está con ellos".

La Ertzaintza tiene reconocida la profesión de riesgo desde 2008; las policías locales, desde 2019, y los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra, desde 2022. El Tribunal Supremo declaró en mayo de 2025 que la situación de la Policía Nacional vulnera el principio de igualdad, pero el proyecto de real decreto presentado por Interior en marzo dejó fuera a toda la Guardia Civil y a los agentes de Clases Pasivas, más de 130.000 efectivos. El pasado 27 de octubre, el Ministerio dio por terminada la negociación con sindicatos y asociaciones sin cerrar ningún compromiso. El Partido Popular ha defendido esta reivindicación en el Senado, que aprobó su proposición de ley en junio de 2024, y en el Congreso, donde el Gobierno bloqueó en septiembre la iniciativa popular para aplicar el coeficiente reductor, que el PP volvió a registrar al día siguiente.

En este sentido, Arroyo ha asegurado que ha sido una reunión en la que “hemos vuelto a demostrar el compromiso que tiene el Partido Popular y además esta misma mañana nuestro presidente nacional Alberto Núñez Feijóo está presentando el programa electoral con todas las medidas que va a impulsar a partir del 29 de noviembre donde claramente se reconoce como profesión de riesgo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional sin matices” ha insistido.

En el encuentro han participado Adrián Rodríguez Prieto, del Sindicato Unificado de Policía (SUP); José María Martínez, de JUPOL; José Ángel Carrillo Romo y Gabriel Merino Ramírez, secretario general en Murcia y delegado sindical en Cartagena de la Unión Federal de Policía (UFP); Sergio Montes, de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES); Joaquín Coloma, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC); Francisco Larios, de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y Francisco Rodríguez Baldo, de Justicia para la Guardia Civil (JUCIL).

"Este solar es un monumento a la desidia del sanchismo en Cartagena"

La alcaldesa ha explicado que el lugar del encuentro no es casual. "Este solar es un monumento a la desidia del sanchismo en Cartagena", ha afirmado. En 2023, el Ministerio del Interior declaró en ruina la casa cuartel, desalojó a 86 familias de guardias civiles e inició su demolición. Tres años después, el Gobierno no tiene proyecto ni presupuesto para levantar un nuevo cuartel, y los agentes siguen trabajando en dependencias prestadas y con goteras.

Arroyo ha subrayado que esta situación coincide con la mayor presión migratoria que soporta la costa. La Región de Murcia es la comunidad peninsular que más inmigración irregular recibe por mar, por delante de Andalucía, y según los datos de los propios sindicatos y asociaciones han llegado este año unas 3.600 personas en 166 embarcaciones. "Las mafias desembarcan con narcolanchas a plena luz del día y se vuelven al mar, porque la Guardia Civil no tiene embarcaciones capaces de alcanzarlas. Detectar una narcolancha no es interceptarla", ha advertido.

La alcaldesa ha destacado también el esfuerzo que se exige a la Policía Nacional, que debe localizar, trasladar, identificar y tramitar a cada persona que llega en un CATE al que le faltan entre 12 y 14 policías y que solo puede funcionar retirando agentes de Seguridad Ciudadana, a lo que se suma la atención que requiere el antiguo Hospital Naval. "Cada patera representa menos policía cuidando de los cartageneros", ha señalado.

Frente a ello, Noelia Arroyo ha defendido que "es un problema de compromiso político". "Nosotros, con muchas menos competencias y muchos menos recursos que el Estado, hemos puesto los medios", ha afirmado, en referencia al nuevo cuartel de la Policía Local de Los Dolores, que abre hoy sus puertas, al de Cuesta Blanca, al futuro cuartel de La Aljorra, que se hará de la mano de la Comunidad Autónoma, y a una plantilla de Policía Local que por primera vez en la historia de Cartagena está completa, con 311 agentes. "Si un ayuntamiento puede hacerlo, el Gobierno de España no tiene excusa. No es un problema de dinero. Es un problema de prioridades", ha concluido.